Durante décadas, Paraguay ha convivido con una paradoja estructural: ser copropietario de una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, Itaipú Binacional, y al mismo tiempo no contar con la infraestructura necesaria para disponer plenamente de la energía que le corresponde.

El Tratado es claro: el país tiene derecho al 50% de la producción. Sin embargo, la realidad ha sido distinta. Por más de medio siglo, Paraguay no pudo retirar esa energía en su totalidad, no por falta de recursos naturales, sino por ausencia de inversión en líneas de transmisión y redes de distribución de alta capacidad.

La discusión histórica, en muchos casos, se desvió hacia un argumento simplista: que Paraguay “no puso nada” en la construcción de la represa. Esta afirmación omite un elemento esencial: el aporte del país en términos de recursos hídricos. La mitad del caudal del río Paraná constituye, en términos económicos, la materia prima fundamental para la generación de energía. Negar ese aporte equivale a desconocer la base misma del proceso productivo.

El problema, por tanto, nunca fue la disponibilidad de energía, sino la incapacidad estructural de transportarla y utilizarla. La analogía es clara: disponer de un tren sin haber construido las vías. Durante años, Paraguay tuvo su “tren energético” en el Alto Paraná, pero sin los sistemas de transmisión necesarios para integrarlo al resto del país.

Esta limitación tuvo consecuencias económicas significativas. La imposibilidad de consumir internamente la energía generada obligó a cederla a Brasil a precios muy por debajo del valor de mercado, en condiciones que restringieron el aprovechamiento pleno de uno de los principales activos estratégicos del país.

En este contexto, la construcción de la línea de transmisión de 500 kV hacia el centro del país, con eje en la subestación de Valenzuela, representa un punto de inflexión. No se trata únicamente de una obra de infraestructura eléctrica, sino de una pieza clave para el ejercicio efectivo de la soberanía energética.

La finalización de este sistema permitirá a Paraguay modificar su posición histórica: pasar de un esquema de cesión obligada a uno de utilización interna o negociación en condiciones más equitativas. En otras palabras, transformar un derecho formal en una capacidad real.

Más aún, este cambio abre la puerta a una reconfiguración del modelo económico. El acceso pleno a energía limpia y competitiva constituye la base para procesos de industrialización, desarrollo de nuevas tecnologías y eventual electrificación del sistema de transporte, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

Cabe señalar que la responsabilidad de esta situación no recae exclusivamente en factores externos. Durante años, la falta de decisión política y de planificación estratégica interna postergó inversiones fundamentales, generando una brecha que recién ahora comienza a cerrarse.

El escenario actual, sin embargo, ofrece una oportunidad concreta. La convergencia entre infraestructura, tecnología y demanda energética puede redefinir el rol de Paraguay en la región.

La lección es clara: la soberanía no se agota en los tratados ni en los derechos formales. Requiere capacidad técnica, inversión sostenida y visión de largo plazo.

Hoy, con las obras en curso y una nueva conciencia sobre la importancia de la infraestructura, Paraguay se encuentra en condiciones de corregir una de las mayores distorsiones de su historia económica.

El desafío ya no es comprender el problema.
El desafío es no volver a repetirlo.

Constructor – Productor del  Libro “MOJO” DOCUMENTO VISION PAIS 2026-2033

Dr. Gerardo Meza C.

Economista

www.elParaguayquequeremos.net