La pregunta, sin respuesta única por el momento, sintetiza una cuestión central para el Gobierno: ¿la actividad inicial y creciente de la negociación de los campesinos con el Gobierno para la solución de sus deudas con el sistema financiero –en contacto con movimientos progresistas y movimientos sociales, por ejemplo– encauza y contiene el conflicto o acelera y amplía el reclamo? En el oficialismo, la opinión dominante es que estas movilizaciones tienen tinte políticas, económica, entre otros.
Parece inevitable el llamado a un paro nacional, que está empezando con los estudiantes, sindicatos de funcionarios públicos, importadores de vehículos usados, y campesinos, entre otros. ¿Y después? Habrá que ver si la clase política que gobierna el país, puedan campear estas tormentas de pedidos y no se transforme en tendencia de una ebullición y el fin de año llega con mayores tensiones.
El nervio de las inquietudes, claro, sigue pasando por los campesinos que piden los que el gobierno nos les puede dar y eso explica, no sin algún reparo interno, la especial atención práctica brindada a las organizaciones de peso en el conurbano.
Del mismo modo pueden ser entendidos los contactos de primer nivel con los jefes sindicales en sus distintas versiones de los funcionarios públicos. El esquema se mantuvo de forma más o menos razonable hasta ahora. Y el interrogante es si el paro que madura en la conducción gremial romperá ese funcionamiento, cuando los días que corren empiezan a ser teñidos por el desafío electoral del año que viene.
El ministro de Agricultura, y otros integrantes del oficialismo consideran que la dinámica política y gremial que fue tomando la situación muy difícilmente pueda ser revertida por el Gobierno. Y evalúan que, de manera llamativa, el contexto es más tirante ahora que hace apenas tres o cuatro meses, en medio de pedidos de condonación de las deudas, de las excarcelaciones de todos del caso Curuguaty, y los Importadores de vehículos usados, que exigen la anulación del Decreto de la suba de los impuestos de los mismos y que los funcionarios públicos de casi todas las instituciones piden más presupuesto para los gastos corrientes, entre otros.
No todos elaboran versiones conspirativas, pero hay quienes señalan que lo que podría llegar a quebrarse es la actitud inicial de desaliento a la confrontación y al conflicto. El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, instó a los campesinos a “no dejarse engañar” por quienes organizan las manifestaciones y piden condonación obligada. Además, pidió a los labriegos a apostar por el trabajo.
“La solución no es cerrar rutas sino apostar al fortalecimiento de la actividad agropecuaria”, indicó el ministro. Para el 2017 se prevé un aumento del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería para la compra de más herramientas e insumos a los labriegos.
“Todavía hay que ver si realmente logramos una baja permanente y profunda del déficit fiscal, que se cubren con más bonos soberanos. Pero si no vamos en esa dirección, debería tener menos sustento el reclamo”, dice un referente del oficialismo. El problema no es sólo ese, sino, además, y en primer lugar, el nivel de deterioro de la finanza publica ya registrado y el clima más global provocado por el largo frío de la economía (El déficit fiscal es de 450 millones de dólares, y este desfasaje presupuestario se cubre con deudas).
Aún frente a ese panorama, el Gobierno rechaza una reapertura generalizada de las negociaciones con los campesinos, sindicatos que piden más aumentos para sueldos y otros beneficios, reclamo central del trío integrado por los campesinos, sindicatos, estudiantes, entre otros, actores que buscan tener juego propio, aunque sin desconocer a sus promotores, Movimientos sociales, progresistas, entre otros”.
El panorama salarial de las sectores más o menos estructurados exhibe al menos tres conjuntos: el primero, y más complicado, es el de aquellos gremios que hicieron acuerdos con sus ministros, como es de práctica, pero por debajo de lo que muestran hoy las proyecciones de los ingresos fiscales; el segundo, lo integran las actividades con aumentos muy por encima del 70 por ciento y que en algunos casos rozaron los 60 puntos; y el tercero, se reduce a los gremios que cerraron acuerdos parciales y dejaron abierto el juego para una segunda negociación.(Presionar al Congreso Nacional)-
En el Gobierno consideran que no existirían problemas con esa última franja y tampoco con los que hicieron “buenos” arreglos y en todo caso podrían demandar algún plus de fin de año –que en varios casos ya es habitual–, pero sí con el resto. De todos modos, el paro en discusión sería general y con ese punto en el primer renglón de los reclamos. Un costo adicional para el Gobierno central, que salió a rechazar la demanda de los campesinos para la condonación de sus deudas.
La decisión final de los Campesinos empezaría a formalizarse en cierres de rutas, calles en Asunción y alrededores. Y lo que se discutiría, a esta altura, este paro será convocado con movilización. La idea de la protesta callejera es empujada desde afuera por los movimientos progresistas.
Fuentes del Gobierno dicen que las señales de los jefes sindicales apuntan a serenar los ánimos, y traducen esos mensajes como cierta garantía de que no habría movilización. Con todo, las opiniones sobre las características del paro incluyen dudas y también incredulidad frente a los mensajes sindicales. No son muchos los canales de contacto: Algunos Ministros mantiene diálogos directos y las conversaciones pasan centralmente por dos Ministros, salvo algún que otro aporte aislado del resto del equipo.
Algo parecido ocurre con los movimientos sociales. Los contactos son tarea casi exclusiva del Ministerio de Agricultura, a cargo de, que ha tendido puentes con varias organizaciones, entre ellas y en los primeros lugares, las agrupaciones campesinas que quieren refinanciar sus deudas. Desde la asunción del Ministro de Agricultura, la línea de conversaciones efectivas con esas organizaciones es expresión de una decisión política firme, al igual que mantener y en algunos casos ampliar los programas de ese ministerio y también de Trabajo.
Más allá de algunos cuestionamientos internos, por cortoplacista, a la idea según la cual así se garantiza “gobernabilidad” –es decir, conflictividad manejable– en este terreno, el foco está puesto en distender el delicado panorama, de Asunción y del gran Asunción, agravado por el largo proceso de deterioro económico y social. Por eso, las preocupaciones del oficialismo no se agotan en un punto. Inquietan el paro, la calle y las sombras de desbordes hacia fin de año.