La urgencia de reformar el Estado: Este modelo de Estado que no deja a nadie satisfecho y esta rompiendo el país, agotando los recursos que deberían destinar a la educación, salud, seguridad y, a la prestación de mejores servicios públicos,. Que necesitan precisamente lo mas pobres………..
La urgencia de la reforma administrativa
La pandemia expuso el carácter perverso de un estado transformado en máquina para generar gastos rígidos y desigualdad
El nuevo coronavirus ha expuesto sin piedad los males de los países a los que se propaga. A veces hay deficiencias en el sistema de salud, a veces en las condiciones de la vivienda.
ley de responsabilidad fiscal. Ahora nacionalismo estrecho, ahora falta de espíritu colectivo y ciudadanía. Aquí ignorancia, allí oscurantismo. En Paraguay , además de todo esto, la pandemia dejó al descubierto la naturaleza perversa de nuestro estado, una máquina generadora de “gastos rígidos y de desigualdades” que brinda servicios precarios a quienes más lo necesitan.
gastos rígidos. Para constatar este hecho, basta con examinar qué sucedió con los salarios de las mismas ocupaciones en el ámbito público y privado. Según los últimos datos disponibles para varios sectores, analizados por el economista, los empleados del sector privado recibieron un 20% menos en junio de lo que ganaban antes de la pandemia (y trabajaron un 25% menos de horas). Para los servidores públicos, la reducción salarial fue solo del 1 % y en algunos casos del 10% y 20% (De lo que ganan más de G 10 y G 20 millones) la carga de trabajo, un 70% menos.
La pandemia también puso de manifiesto nuestra atávica incapacidad para afrontar estos problemas con madurez. En un país sin capacidad de inversión, donde faltan infraestructura, energía, saneamiento y transporte; seguridad, salud y educación de calidad, el debate fue capturado por una especie de ira santa contra los mecanismos que garantizan el equilibrio fiscal.
ley de responsabilidad fiscal. Se rompió la “regla de oro”, disposición de la ley que impide al gobierno contraer deudas para pagar gastos corrientes. La Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) se convirtió en letra muerta, no cumplida por la administración central estados bajo la aprobación del congreso nacional, por la Ley de Emergencia Sanitaria, que derogó las dos disposiciones que permitirían reducir los gastos de personal. Una campaña reúne a políticos, economistas y oportunistas de todo tipo a favor de relajar el techo de gasto.
La reforma del Estado – administrativa, que aportaría un mínimo de racionalidad al servicio público, se pospuso una vez más. Los gobernantes de turno ni siquiera quiere saberlo. En cambio, romper el techo se ha convertido en la obsesión de quienes buscan una salida conveniente a la falta de recursos para invertir. Es una narrativa tan seductora como estúpida. La mayor causa de la escasez no es el techo, sino el crecimiento desenfrenado e ineludible del gasto obligatorio, que en diez años saltó del 60 % al 100 % del Presupuesto. Si la ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) contuvo la explosión de los gastos rígidos y el aumento de los gastos de la administración pública permanece intacto. Con techo y todo, el gasto estatal ha seguido creciendo y totalizó el 30 % del PIB en julio del 2020. De cada dos guaraníes producidos el año pasado, más del 30% se lo tragó la máquina del Estado.
En tres décadas, los funcionarios paraguayos han pasado de más o menos 120.000 a 310.000. Estos gastos rígidos llevan de cada G100 de ingresos fiscales a casi G 98 de gastos rígidos. Son la friolera suma de más o menos US$ 7.000 millones. De las tres esferas de poder, la administración central es aquella donde más aumentan los gastos. Entre 2008 y 2020, mientras que los empleados del P.E. crecieron en más del 100 %, el gasto en ellos aumentó un 300 %. En 2019, Paraguay gastó US$ 6.000 mil millones, (En gastos rígidos) o 30 ,7% del PIB, en el pago de sus empleados. En una lista de 80 países con datos de 2018, fuimos los octavos más gastados. (Hay transcendido de que dentro de estos 310.000 funcionarios públicos, existen mas de 20.000 fantasmas, que cada año figuran en el Presupuesto nacional, que cobrar los gobernantes de turno).
Gastamos más en servidores públicos que Chile (7,9%), Perú.
(6,6%) o Colombia (6,4%). Más que Francia (15,1%), Portugal (10,3%) o Alemania (9,5%). Gastamos más del doble de lo que invertimos en educación y tres veces y media de lo que gastamos en salud. En un país donde más seis millones viven sin alcantarillado y mas de 5 millones carecen de agua potable, solo los empleados públicos consumen 60 veces los recursos invertidos en saneamiento.
mejores servicios públicos. Las distorsiones no se detienen ahí. El salario medio del sector público (G 7.500.000) fue, en2019, un 250% superior al del sector privado (G 2.200.000. Un estudio del Banco Mundial estimó que, si las 30 ocupaciones más comunes de los funcionarios públicos recibieran una remuneración equivalente a la del sector privado, habría un ahorro mensual en millones de guaraníes. (Solamente los 20.000 fantasma de funcionarios públicos. Se puede ahorrar uno US$ 2.000 millones, y no hablemos de la corrupción).
En el servicio público , el salario promedio para quienes ingresan a un trabajo de nivel superior es casi cinco veces mayor que el de quienes reciben trabajos que requieren la misma competencia en el sector privado. No en vano nos convertimos en el país de los no concursos. Dos tercios de los empleados públicos se encuentran entre el 10% con mayores ingresos (en 2019, el salario promedio fue de ( G 20. Millones)
El problema se agrava por el lío de los tres dígitos planes de carrera diferentes, con 300 tipos de salario para más de 22 mil empleos o funciones y 70 mil empleos con bonificaciones. Los ascensos son automáticos, por antigüedad, no por mérito.
responsabilidad fiscal lrf. Las bonificaciones por rendimiento se otorgan a casi todo el mundo. Los despidos no existen. El Estado paraguayo aún emplea a operadores políticos, y llenan de planilleros y fantasmas el Presupuesto nacional. Todas estas distorsiones, y no solo los supersalarios llenos de picardía del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial o del Ministerio Público, contribuyen a la desigualdad.
Primero, creando una élite que se aferra a los privilegios, incapaz de resistir el atractivo corporativo. En segundo lugar, agotando los recursos que deberían destinarse a la prestación de mejores servicios públicos, que necesitan precisamente los más pobres. Los mismos servidores menos privilegiados y más competentes se sienten devaluados. En palabras de los especialistas, es un “modelo que no deja a nadie satisfecho y está rompiendo el país”. Al exponer la desigualdad intrínseca a nuestro sector público, la pandemia ha hecho que la reforma del Estado -administrativa sea aún más urgente.